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           El ministro de educación se propone imponer que en las comunidades que tengan dos lenguas y no se imparta educación en español (es decir Cataluña, dejémonos de eufemismos) el gobierno de la región tendrá que pagar clases privadas en la lengua común de los españoles a aquéllos alumnos que así lo exijan.

            La medida supone un soberbio disparate. Un error mayúsculo que todavía estamos a tiempo de parar y que desde aquí, pido al Gobierno no cometa.

 

            Lo primero que se ha de decir sobre la misma es que, desengañémonos, no representa en modo alguno la implantación de la libertad lingüística, inexistente en casi ninguna de las regiones españolas con dos lenguas, sino la consagración definitiva del sistema de cuotas: un tanto por ciento en una lengua, un tanto por ciento en otra.

            Esto dicho y aceptando por lo tanto el sistema de cuotas como mal menor, la medida representa, en segundo lugar, la legitimación del sistema que proscribe el español del sistema educativo de las regiones implicadas, porque aunque les obligue a pagar la enseñanza en español a aquellos niños cuyos padres así lo deseen, supone el reconocer que tienen el derecho a no impartir clases en español en el sistema público.

            En tercer lugar, la medida en cuestión representa el traspaso de la responsabilidad que tiene la administración central común a todos los españoles de posibilitar que todos se eduquen en la lengua que es de todos, -con todo el poder que representa y tiene dicha administración-, al pobre y desamparado ciudadano, que a partir de ahora tendrá que hacer valer su derecho en solitario, convirtiéndolo en proscrito y obligándole a enfrentarse a un ambiente artificialmente agresivo. Y digo artificialmente porque aunque en condiciones de normalidad son muchos los ciudadanos que se acogerían a su derecho a conocer y dominar la lengua de todos los españoles, -que es por si ello fuera poco la de cuatrocientos millones de seres en todo el mundo y la que estudian en los colegios otros mil millones de seres-, en condiciones de dificultad esos ciudadanos tenderán a mirar hacia otro lado, cuando no a “hacer masa con la masa”, reprochando al que intenta hacer valer sus derechos que ponga en peligro la “supuesta” convivencia, si se puede llamar “convivencia” a obligar a los que quieren educarse en la lengua común de todos los españoles a hacerlo en una lengua que no es su lengua madre.

            En cuarto lugar, todo ello propiciará un recurso muy escaso al sistema que intenta implementar ahora el Gobierno, lo que a la postre, se convertirá en un nuevo argumento de las regiones españolas que teniendo dos lenguas se niegan a impartir la enseñanza en una de ellas (o sea, Cataluña) a favor de su sistema de enseñanza que proscribe el español.

            Y en quinto lugar y para terminar, ello propiciará también una nueva desobediencia de las regiones españolas con más de una lengua que proscriben el español en su sistema de enseñanza (Cataluña, entendámonos) que si ya se niegan, sin ninguna consecuencia adversa, a hacer lo fácil, a saber, que sus profesores den clases en su propia lengua, el español, mucho menos van a hacer lo difícil, a saber, pagar con un dinero que no tienen clases particulares a unos ciudadanos que además, son presentados como poco ejemplares y hasta peligrosos para la convivencia. Con lo que el Gobierno de la nación no habrá resuelto el problema, sino que sólo habrá añadido a los muchos ya existentes, un nuevo desacato de las regiones que han decidido instalarse en la abierta desobediencia.

            El Gobierno de la nación no necesita hacer leyes esperpénticas para imponer la enseñanza en español dentro de España. Si lo que el Gobierno de la nación realmente quiere es resolver un grave problema que tiene España en algunas regiones (sobre todo en Cataluña, reconozcámoslo como es), lo único que tiene que hacer es recuperar el respeto a la Constitución y cumplir las numerosas sentencias emitidas siempre en el mismo sentido tanto desde el Tribunal Constitucional como desde el Tribunal Supremo. Y en todo caso, si necesario fuere, recuperar una competencia que nunca debió ser transferida, la de educación, algo para lo que está perfectamente capacitado también por la Constitución.

            La presente medida, por el contrario, no pasa de ser un brindis al sol, y eso si directamente no es una estratagema para engañar a los españoles haciéndoles creer que se toman medidas cuando en realidad no se toman.

 ©L.A.

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